El 28 de mayo del año 1818, según el auto acordado por la Real Audiencia del distrito, quedaba oficialmente constituido el Real e Ilustre Colegio de Abogados de la siempre muy fiel, muy noble y leal ciudad de Puerto Príncipe que, indistintamente, se renombraría Academia de Jurisprudencia Práctica para simultanear sus funciones en el edificio ocupado por la Audiencia, desde el 26 de mayo de 1831.

De modo que no hay que desligar su objetivo por el que fuera creado de las atribuciones y alcance de esa importantísima entidad jurídica, trasladada desde Santo Domingo a la villa de Puerto Príncipe, en junio de 1800.

Menos pretenderse distanciar a ambas entidades de la Diputación Provincial o Diputación Patriótica, surgida en 1813. A fin de cuentas, todas con elementos distintivos y algunos comunes sobre pilares de Ilustración y modernidad, estaban dirigidas a imprimir mayor libertad al pensamiento, a desatar fuerzas movilizadoras del cuerpo social, y a infundir un clima de administración de justicia y disciplina entre la sociedad civil principeña.

Una visión adelantada

En torno a la Academia de Jurisprudencia Práctica. V2  esta debía centrarse en la abogacía, aunque para ello fuese necesario revolucionar los métodos arcaicos de enseñanza mecanicista y sin reflexión y suprimirse las lecturas de literatura fuera de contexto cultural de época.

De ahí que para hacerla consecuente con la modernidad era necesario emprender la lectura de los clásicos del corpus filosófico ilustrado impulsor del liberalismo europeo, en tanto nutrirse los discípulos de las más adelantadas corrientes del pensamiento difundidas en Inglaterra, Francia y en los Estados Unidos.

Tales luces adquiridas con miras al adelanto general regional no dejarían de preocupar y ocupar políticamente a las autoridades gubernamentales de la colonia, las que dispusieron su cierre en el marco del segundo período constitucional, entre 1823-1824. A nuestro juicio, no fue una medida tomada a la ligera y de modo absurdo, sino por motivos del creciente espíritu emancipatorio desatado en la Isla tras la creación en el occidente cubano de la asociación secreta de fines conspirativos Soles y Rayos de Bolívar y en Puerto Príncipe de la Liga la Cadena Triangular, ambas orientadas hacia la opción que significaba el independentismo bolivariano.

La llama revolucionaria

Y no debe despreciarse la presencia en Puerto Príncipe del Oidor venido de la Audiencia del Cuzco para atender de la ciudad camagüeyana y en la que tras establecerse comenzó a agitar el fermento revolucionario y a estrechar relaciones con los cadenarios.

Una breve mirada a las listas de integrantes de esas tres entidades surgidas en la ciudad principeña despierta recelos por motivos políticos en torno a quiénes se ligaban a ellas. Los nombres y los apellidos dicen mucho.

Del poderoso clan familiar Agramonte, destacan el Lic. Ignacio Francisco Agramonte y Recio, su hermano Lic. Ignacio María Agramonte y Recio, Lic. Francisco José Agramonte y Sánchez, su hijo del anterior Lic. Francisco Agramonte y Ávila, Lic. Ignacio Francisco Agramonte y Sánchez, y su hijo el Lic. Ignacio Francisco Agramonte y Loynaz*.

Le siguen el Lic. Fernando Betancourt y Betancourt, Lic. Antonio Pichardo y Márques, Lic. Manuel María de Piña y Porro, Lic. Agustín Betancourt Ronquillo, Lic. en Medicina José Ramón Simoni, los hermanos Lic. Federico y Lic. Manuel Monteverde y Bello,  Lic. Nicolás Sterling y Heredia, Lic. Manuel Castellanos y Mojarrieta…

Y no puede perderse de vista que a esta ciudad acudían jóvenes venidos de la capital de la Isla y de otras latitudes geográficas a realizar prácticas de derecho y a nutrirse de actualidades en materia jurídica y en general del Derecho y de la Cultura citadina. Uno de esos jóvenes fue el habanero Francisco Chacón y Torres, Pancho*, amigo del Lic. José Ramón Simoni, por demás, del Lic. Ignacio Agramonte y Sánchez y de su primogénito el entonces estudiante de Derecho Ignacio Agramonte y Loynaz*. Vale saberse que Pancho Chacón acudía asiduamente a prepararse al plantel principeño.* `Por cierto, otro de los amigos del estudiante Agramonte, el habanero Pepe Martí, igual que aquel en andadas conspirativas en la capital, venía al Príncipe al Colegio de Abogados.

El estallido de la Guerra de los Diez Años, en 1868, y de modo particular con la incorporación de algunos miembros del Colegio de Abogados, de la Audiencia, de la Diputación Patriótica, y de la Sociedad Filarmónica o Liceo de Puerto Príncipe, probó que las ideas de adelanto y de cambios asumidas por aquellos jóvenes en sus salones y planteles de la Ilustración no habían sido desperdiciadas.

Como lo haría firme el texto de una Proclama suscrita por uno de sus más esclarecidos abogados e ilustres patriotas, el Mayor Ignacio Agramonte cuando subrayara en enero de 1869: ¡“Que nuestro grito sea para siempre: Independencia o Muerte”!