El proceso de introducción de las estructuras coloniales y de la administración de justicia españolas en Cuba se produce paulatinamente, desde la propia llegada de Cristóbal Colón hasta la creación de los primeros colegios de abogados en la Isla, específicamente en La Habana y Puerto Príncipe -por orden del Rey Fernando VII en 1819.

Igualmente, determinó la cantidad de colegios que en cada uno de los territorios podía figurar, e indicó que se regirían por estatutos elaborados por ellos mismos, luego de una previa revisión y aprobación de la Real Audiencia.

Un claro antecedente

Dicha decisión —que tuvo como antecedente en 1799 el traslado hacia Puerto Príncipe de la anteriormente mencionada Real Audiencia de Santo Domingo, un año después, en junio de 1800, tras una breve ubicación en Santiago de Cuba, que tenía jurisdicción en toda Cuba y en los territorios españoles de Luisiana y San Agustín de la Florida— constituye la justificación para que algunos autores aleguen que a finales del siglo XVIII comienza a gestarse el sector profesional de la abogacía en la Isla, con la posterior creación del Colegio de Abogados de Camagüey.

Colegio de Abogados de Puerto Príncipe

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de la siempre fiel, muy noble leal ciudad de Puerto Príncipe -que indistintamente se denominaría, como expresa el investigador José Fernando Crespo Baró, Academia de Jurisprudencia Práctica, para simultanear sus funciones en el edificio que ocupaba la Audiencia- se funda el 26 de mayo de 1831, con estatutos propios inspirados en el modelo madrileño.

Inicialmente lo integraron 24 miembros; aunque posteriormente se admitieron en sus filas a todos los que se interesaran y cumplieran las rígidas exigencias estatutarias.

Surgimiento de nuevos colegios

En 1842 se crean los colegios de Santiago de Cuba y Trinidad-Remedios-Sancti Spíritus. Diez años más tarde, en 1852, es constituido, en base a razones políticas, el Colegio de Abogados de La Habana; si bien se clausura rápidamente, por decisión del Capitán General de la Isla, alegando también motivos políticos.

Lo anterior puede estar fundamentado en el recelo del español hacia los profesionales del Derecho colegiados para el ejercicio, debido a que eran conocedores de que en ellos se establecieron centros donde se reunía una intelectualidad permeada por las ideas políticas más liberales de la época.

Su preocupación no es en balde, si tenemos en cuenta que varios de los líderes independentistas fueron abogados e integraron los colegios constituidos de ese periodo, como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte y Perucho Figueredo.

De esta forma entendemos que estos colegios constituyeron una de las plataformas en las que fueron concebidas las ideas independentistas.

Bibliografía:

– Camilo Momblanc, Liuver y Zoe Cisneros Aldana. La abogacía en Cuba: pasado y actualidad a 50 años de la creación de los bufetes colectivos. LEX N° 16 – AÑO XIII – 2015 – II.

– Crespo Baró, José Fernando. El colegio de Jurisprudencia de Puerto Príncipe: Plantel para desarrollar el pensamiento. www.ohcamaguey.cu.

– Puertas Abiertas a nuestras raíces. www.tsp.gob.cu.