El abuelo paterno fue abogado de la Audiencia y alcalde de primera elección del Ayuntamiento. Su hijo y padre del Mayor fue Regidor y prestigioso abogado de bufete y su otro hermano, Decano del Real Colegio de Jurisprudencia Práctica. Y seguiría ese trayecto intelectual el Lic. Ignacio Agramonte Loynaz, quien alcanzaría a ser toda una autoridad civil, política y militar en la gestación del Estado de Derecho Cubano.

El inicio del camino patriótico

Tras culminar la etapa de estudios y exámenes exitosos de las asignaturas contenidas en el Reglamento de la Universidad de la Habana, el estudiante de Puerto Príncipe sería admitido para los ejercicios de grado, el 2 de junio de 1865. Seguidamente, el día 7 le sería notificada la fecha definitiva de examen, que libraría al día siguiente ante los doctores José Domingo Guerrero, José Manuel Mestre y Bernardo Riesgo y Cepero.

A las tres de la tarde le serían presentadas sobre una mesita en el aula donde quedaría en aislamiento, las boletas 2, 8 y 57, mientras el Bedel daría lectura a sus contenidos y él escogería la papeleta nro. 2 cuyo tema abordaba el: Estudio bajo el punto de vista del principio racional, sobre el derecho reformado por Justiniano en comparación con el anterior a su época. Después de tres horas en incomunicación para preparar la argumentación, Ignacio Agramonte pasaría a disertar “de viva voz” ante los catedráticos señalados.

Tras su exposición los doctores certificaron “calificación de Sobresaliente”. Dos días más tarde, a las 11.00 am del 11 de junio, ante los doctores José Domingo Guerrero, Miguel de Céspedes Barrero, Antonio González de Mendoza y Bernardo del Riesgo, se efectuaría el ceremonial de investidura como Licenciado en Derecho Civil y canónico. Lucía de toga y bonete.[1]

Pasado ese momento, Ignacio Agramonte solicitaría matrícula para realizar estudios de doctorado, que debía efectuar en septiembre de 1866, por lo que esperaría vencer las asignaturas Filosofía del derecho, Derecho internacional, Legislación comparada, entre otras. Llegado ese instante el decano Diego José de la Torre dispuso que a las ocho de la mañana del sábado 24 de agosto se efectuara el examen ante los doctores Felipe Lima Renté, Francisco Campos, José Ramón Ovando y José Antonio Galano. El siguiente martes sería despachado en secretaría el resultado satisfactorio de la prueba.

           Tras ese triunfo, marcharía al Camagüey natal y ya allí acreditaría su título ante el Ayuntamiento y en la Audiencia del distrito. Hechos esos trámites, pasaría a integrar el Real Colegio de Jurisprudencia Práctica de Puerto Príncipe que rectoraba su tío el Lic. Francisco José Agramonte y Sánchez-Pereira, por cierto, quien al estallar la Guerra de los Diez Años, pasaría a desempeñar el cargo de auditor de Guerra de la Comandancia y Estado Mayor del Departamento Militar de Puerto Príncipe.

En la lucha por la democracia

Pasada su luna de miel con Amalia Simoni, la culta dama que había llevado larga espera por él para el casamiento, Agramonte se integraría al núcleo de jóvenes de ideas radicales revolucionarias que se incorporarían a la Guerra de los Diez Años, el 11 de noviembre de 1868. Puede afirmarse que con su sumatoria a la revolución ese paso sería crucial en aras de fortalecer la estructuración de la lucha y del Estado cubano, que nacería en abril de 1869 en el poblado de Guáimaro.

La redacción del articulado de la Ley fundamental de la República, los decretos de Organización administrativa, del Régimen civil, de la Administración judicial, Extinción de la esclavitud, Servicio militar obligatorio y otros… serían redactados por el intelectual comprometido con el país a fin de dotar a la naciente República en Armas de institucionalidad. Justicia, libertad, derechos e igualdad, no alcanzables todavía en la contienda, merecerían tratamiento prioritario de su mando. De ahí la preocupación porque todos aprendieran a leer, a recibir instrucción, porque ello era determinante para borrar el “velo de la ignorancia entre los hombres” y alcanzar la patria culta y digna. Recordemos su solicitud a la directiva del Liceo habanero para disertar sobre “la influencia de las Bellas Artes en el adelantamiento de los pueblos”, además de pretender debatir “sobre reformas que exige nuestra Agricultura”.

Pero no fue allí en el auditorio capitalino, sino precisamente en el poblado de Sibanicú, cercano a Guáimaro insurrecto, el 9 de febrero de 1869, donde Ignacio Agramonte plantearía la medida más radical y revolucionaria que podía esperarse en tal coyuntura bélica; a no dudarse medida que sorprendería a no pocos combatientes camagüeyanos y a orientales: la abolición total e incondicional de la esclavitud y el no reconocimiento de las instituciones sostenedoras del régimen colonial.

Todo lo que pretendía desconocer la estructura y autoridad de poder político y militar de la colonia y alcanzarse a costa de cualquier sacrificio el naciente Estado de Derecho. Por demás, no dejándose fuera la posibilidad de conquistarse por medio de las armas, la mayor suma de unidad, derechos, justicia y libertades en Cuba independiente. Eran ideas que se movían en su mente de abogado: llevar lejos la aplicación de la ley. Céspedes daría un paso decisivo en aceptarle su solicitud de mando del Camagüey, y así evitarse  obstáculo al logro democrático y posible brote de una presunta “dictadura de poder militar”, que sabía el Mayor no permitiría.

Ya Agramonte lo habría subrayado a Amalia en una misiva escrita en el poblado de Minas, el 22 de noviembre de 1868, al tener la sospecha de que se procuraban arreglos que no le gustarían, es decir, criterios de quienes contrariamente entorpecerían a la revolución y de vacilantes terratenientes sugestionados por las reformas de España y a no librar la guerra.

Más atrás en el tiempo vale una mirada sobre sus señalamientos críticos al gobierno obcecado, que expuso en su ejercicio sabatinal en la Universidad de la Habana, en 22 de febrero de 1862, disertación en la que denunciara la violación de los derechos y libertades del ciudadano, —“imprescriptibles e inalienables”—, la carencia de justicia e igualdad entre los seres humanos, en tanto impugnaba la centralización absoluta estatal, que no dejaban posibilidad al desenvolvimiento de las facultades del ciudadano para vivir en sociedad.

Estallaría la guerra y solicitaría al presidente de la República, en abril de 1869, asumir con completa libertad de mando el Estado del Camagüey, luego de haber plasmado en la constituyente en su artículo nro. 24 que él redactara “todos los cubanos serán enteramente libres”[2]. Parecía obsesionarle este postulado desde el aula universitaria habanera.

Tal era su pensamiento democrático emancipador de largo alcance, cuando faltaba mucho en la batalla para alcanzar esa meta utópica, que pretendía hacer viable en lo que llamó “el laurel inmarchitable de la victoria”.[3]

Este 8 de Junio Día del Jurista Cubano, merece reflexionarse en la hondura democrática y de emancipación del pensamiento del Mayor; que nos acompaña y nos da firmeza inquebrantable desde sus luchas pasadas hasta los días de incertidumbre y peligros de hoy para no dejarnos desfallecer.

[1] ¿Acaso la misma toga y bonete que le fueran incautadas por las autoridades en la ciudad de Puerto Príncipe, en la casa marcada con el nro. 25 antiguo, actual 65 moderno, de la antigua calle del Príncipe, morada que perteneciera a una de las tías de su esposa Amalia Simoni y donde, por demás, se contenían textos de Derecho y papelería relativa al oficio de Ignacio Agramonte?

[2] Para la fecha, la región histórica de Puerto Príncipe abarcaba desde el límite este por los ríos Jobabo y Las Cabreras hasta el oeste con el rio Jatibonico, más de 16 mil kilómetros cuadrados de extensión superficial.

[3] Frase contenida en la Proclama redactada en su campamento emplazado en la finca La Aurora, dirigida a los combatientes del Camagüey con motivo de reasumir el mando, el 17 julio de 1871.