Ningún influjo mayor político de reformas en las estructuras gubernamentales tuvo la región histórica de Puerto Príncipe en el primer lustro del siglo XIX como la instalación de la Real Audiencia primada de San Domingo, a la par, lo que tendría impacto adverso en las mentalidades de algunos de los integrantes criollos del ayuntamiento o cabildo, en mayoría defensores del Viejo Régimen, empero en mayor medida entre la poderosa oligarquía hatera criolla.
El conflicto ayuntamiento / audiencia
Las diferencias entre los miembros de una y otras corporaciones comenzarían a notarse en breve, al decir de algunos al cabildo parecía aliarse lo más recalcitrante de los godos o serviles integristas, como el flamante conde de Villamar Santiago Hernández y Rivadeneyra negado a aceptar elecciones libres del consistorio, por temor a la infiltración de partidarios del liberalismo. Por otra parte, en la audiencia se alineaban varias de las «cabezas más calenturientas» seguidoras de las libertades y de las ideas más avanzadas del orbe.
De modo que tras la instalación de la audiencia en la villa de Puerto Príncipe, actual ciudad de Camagüey, en junio de 1800, cobraría impulso la opción liberal-democrática para hacer campaña frente al absolutismo, al estancamiento social y político; postura incompatible con las opciones libertarias que se abrirían en el continente con el inicio de las luchas de emancipación impulsadas por Bolívar. El aire esperanzador no podía resultar más favorecedor para la remoción de los pilares de la vieja sociedad colonial.
La revolución en curso
Puerto Príncipe pasaría a ser el centro de las decisiones judiciales, criminales y civiles de la Mayor de las Antillas, lo que a su vez repercutiría en su entorno político. No hay que perder de vista ese importante asunto, entre otras razones, porque la administración de justicia dejaría de ser atribución de los alcaldes al tiempo que se haría descargar también de esa atribución al Capitán a Guerra y Gobernador y al Capitán General, lo que significaría en la práctica separarse tanto como pudieran lograrlo los «levantiscos y disolutos» principeños del poder central omnímodo, que buscarían ocasión propicia para disentir de la gobernación superior de la Isla.
Cabe destacar que la audiencia sería la única entidad de su tipo hasta 1838, al fundarse la Pretorial de La Habana, que abarcaría su influencia hasta Remedios, Sancti Spíritus, Trinidad, Holguín, Manzanillo, Santiago de Cuba y Baracoa, lo que no significaba poca cosa, si tomamos en consideración hasta dónde serían capaces los principeños de poder hacer extensivo y efectivo su influjo político en el supuesto de que se generalizase un estallido anticolonial en Cuba.
En singular coyuntura, los liberales-demócratas de la audiencia desempeñarían un rol significativo de oposición franca al Viejo Régimen. Lo anterior quedaría corroborado en la década de 1820 en medio de la creación de Juntas revolucionarias para promover una insurrección generalizada con apoyo de Bolívar. Por todo, no sería casual que las autoridades señalaran que la Real Audiencia “había concentrado un privilegiado número de ilustrados, portadores de ideas liberales procedentes de las insurrectas provincias de Hispanoamérica […]”.[1] Efectivamente, fue el momento aprovechado por varios de sus letrados para intentar asaltar el cielo y demoler las arcaicas estructuras del poder omnímodo en la Isla.
Y si ese período se frustró por causas internas y externas, que no es necesario aquí abordarse, sin embargo, no resultó en vano lo radical del pensamiento logrado hasta ahí ni tampoco el esfuerzo conjunto de muchos por remover las viejas estructuras del poder. Y ya sabemos que de entre algunos de los de su mismo apellido que integraron dicha entidad jurídica, empero de mayor audacia y coraje que ellos, se situaría a la vanguardia revolucionaria en nueva coyuntura política el jurista cabal Ignacio Agramonte y Loynaz, que daría impulso a la revolución liberadora que acompañaría al también abogado de Bayamo Carlos Manuel de Céspedes para, juntos, llevar adelante el proyecto de nación libre apegada a la ley y al derecho.
[1] Portuondo Zuñiga, Olga: “Puerto Príncipe en el proceso de centralización política (1808-1838)”, pp. 37-38 y 39. De la misma autora V.: Cuba. Constitución y liberalismo (1808- 1841), 2 t., Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2008.
