Por: Enrique Atienzar Rivero

Uno de los postulados del Programa del Moncada, excelente proyección mirada desde la lucha insurreccional por Fidel, abrió un nuevo horizonte para el campesinado cubano frente a los oligarcas latifundistas.

Fue creado el 17 de mayo de 1959 para ejecutar las políticas económicas y sociales relacionadas con la reforma agraria, principal promesa de la Revolución.

Se fundó en virtud de lo establecido en el capítulo VI de la Primera Ley de Reforma Agraria -firmada en la cordillera de la Sierra Maestra por el entonces primer ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba, Fidel Castro Ruz,  como  parte integrante de la Ley Fundamental de la República, nombrándose presidente al Líder Histórico de la Revolución y director ejecutivo al doctor Antonio Núñez Jiménez.

Es válido recordar que  inicialmente desempeñó las funciones del Ministerio de la Agricultura, hasta que este se extinguió por la Ley No. 905 de 31 de diciembre de 1960, que en la práctica, se enfocó en múltiples funciones, campos de actuación y recursos que gestionaba el Instituto Nacional de la Reforma Agraria con  acciones más radicales y profundas que las realizadas en el resto de los organismos económicos, precisan fuentes consultadas.

La Ley Agraria fijó treinta caballerías (402 hectáreas) como límite máximo de posesión de la tierra, con lo cual eliminaba la explotación latifundista en Cuba, al expropiarse a todos los latifundistas, fueran cubanos o extranjeros. De esa manera, la Revolución cumplía lo estipulado en la Constitución de 1940. Los dueños de tierras se indemnizarían en bonos de la Reforma Agraria (Ley No. 576), pagaderos a plazos. Alrededor del 67 % de la tierra pasó a manos del Estado y de los arrendatarios pobres, quienes la recibieron de manera gratuita.

Recibieron títulos de propiedad todos aquellos que trabajaban la tierra bajo injustas condiciones de arrendamiento y aparcería, quienes se convirtieron, con esta ley, en campesinos.

Se asignó a cada familia un mínimo de dos caballerías de tierra y se les exoneró del pago de rentas. De esa manera se eliminaba la explotación de intermediarios y usureros. Aunque no era de corte socialista, esta ley desató de inmediato -al afectar los intereses de la oligarquía vernácula y de los monopolios norteamericanos propietarios de vastas extensiones de tierra- agudas contradicciones clasistas.

El 3 de octubre de  1963 se promulga la Segunda Ley de Reforma Agraria, que “expropió las fincas mayores de 67 hectáreas, estableciendo éste como límite máximo a la propiedad privada de la tierra.

El sector agropecuario actual en Cuba ejerce planes para desarrollar programas de producción de alimentos a escala local, lejos todavía de satisfacer las necesidades de la población.

Estimula la realización de huertos y organopónicos, que en la práctica acercan la producción a las comunidades y tiene la deuda con Fidel de desarrollar la producción de leche, principalmente en Camagüey, una región eminentemente ganadera.